La situación económica actual del Perú se ha vuelto cada vez más compleja. Mientras los titulares de los medios de comunicación se centran en los lujosos relojes Rolex de la presidenta de la República, el pueblo peruano enfrenta una fuerte recesión que se refleja en su vida cotidiana. En medio de esta crisis, la mayoría de los miembros del gabinete se han visto obligados a defender lo indefendible en diversos medios de comunicación.
Recientemente, el primer ministro Otarola fue destituido de su cargo debido a un escándalo de índole personal, lo que pone de manifiesto un preocupante tráfico de influencias dentro del Estado. Aunque este incidente podría parecer insignificante, es un indicio más de cómo la burocracia estatal ha crecido exponencialmente en los últimos años, sin que ello se traduzca en una mejora en la calidad de los servicios públicos. Esta situación refleja el creciente descontento de la población hacia la clase política en general.
Además, nos enfrentamos al caso de un expresidente que, a pesar de haber hablado fervientemente sobre la lucha contra la corrupción, se ha visto implicado en actos de corrupción tanto durante su mandato como gobernador de Moquegua como en su presidencia. A pesar de las acusaciones en su contra, este expresidente ha tenido la audacia de formar un nuevo partido político y actualmente es el único candidato en campaña, lo cual resulta preocupante.
Todo esto nos lleva a cuestionar por qué los gobernantes prefieren mantener a la población en la ignorancia, permitiendo así que sean engañados con promesas vacías o dádivas temporales que no resuelven los problemas estructurales. Esta situación solo perpetúa la pobreza y el sufrimiento de la población, en gran parte causado por la incompetencia y la corrupción de aquellos en el poder, que actúan como lobos disfrazados de ovejas.
Resulta comprensible que los inversionistas formales duden en invertir en un país con una situación política y económica tan inestable. Sin embargo, resulta alarmante que los inversores chinos estén aprovechando estas circunstancias para obtener concesiones y adquirir empresas peruanas de manera irregular, alimentando así aún más la corrupción.
Es necesario cuestionar las verdaderas intenciones detrás de proyectos como el puerto de Chancay, en lugar de aplaudirlos ciegamente. ¿Acaso este puerto podría tener otros propósitos, como servir como base militar extranjera? Es fundamental que la ciudadanía permanezca alerta y crítica frente a estas situaciones.
Ante este panorama, es imperativo que el Perú encuentre líderes capaces de sacarlo del lodazal en el que se encuentra, líderes que se centren en el verdadero bienestar del país y no en intereses personales o de grupos. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir el mismo camino que muchos países africanos, vendidos completamente a intereses extranjeros.