El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, analiza este martes 13 de agosto una ley con la que se pretende regular a las ONG. Al respecto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que ha descrito un «clima de miedo» en Venezuela, le pidió al Gobierno que rechace esa iniciativa y otra para regular las las redes sociales y advirtió del impacto que pueden tener en los derechos humanos y en la democracia, en medio de la crisis electoral que sacude a la nación caribeña.
“»Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país” solicitó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, al referirse a sendas iniciativas para regular las redes sociales y las ONG impulsadas en medio de la crisis tras las elecciones del 28 de julio.
El chavista Nicolás Maduro fue proclamado con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. Mientras. la oposición, liderada por María Corina Machado, reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, en los comicios, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un «golpe de Estado» y a una «guerra civil».
Su reelección desató protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos, en medio de llamados de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección.
El presidente de la unicameral Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le anunció a Maduro que se dedicará en el actual periodo de sesiones a la tarea de «aprobar un paquete de leyes (…) para poder cuidar y defender a la población del odio».
«Clima de miedo»
El chavismo tiene 256 de 277 diputados de la Asamblea Nacional. El paquete de leyes incluye, además de la de las oenegés, la regulación de redes sociales y una ley para castigar el «fascismo», término con el que el Gobierno también suele referirse a sus detractores.
«Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país», pidió Türk, en un comunicado en el que también expresó preocupación por las detenciones y las imputaciones por «odio» o bajo la «legislación antiterrorista».
Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un «clima de miedo» en el país, en el que «es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos». «En un clima de miedo así, cuando usted está en desacuerdo con la política del gobierno, no se expresa», dijo en una rueda de prensa.
En tanto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, hizo votos por una «salida dialogada y democrática a la crisis» en Venezuela, tras conversar con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo.
Reporteros Sin Fronteras contabilizó en un informe 70 violaciones a la libertad de expresión en 15 días. «Los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, hacen frente a un clima de hostilidad y represión, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información», señaló.
RSF destacó el arresto de nueve periodistas, cuatro de los cuales siguen tras las rejas acusados de conspiración, terrorismo, incitación a la violencia y actividades subversivas.
ONG: primer punto de la agenda
La segunda discusión de la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» ocupa el primer punto de la agenda legislativa del martes.
Las oenegés son blanco frecuente de ataques desde el poder.
La primera discusión de este proyecto se remonta a 2023, aunque su contenido ha sido modificado luego de que su promotor, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de maniobras de «desestabilización».
Según el texto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente extranjero.
El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.
«Están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no», protestó Rodríguez.
En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.
Redes y fascismo
Maduro asegura que las redes están siendo utilizadas para atacar su reelección: suspendió por 10 días la red social X y promueve un boicot contra WhatsApp.
Rodríguez propuso incorporar en una polémica norma que castiga hasta con 20 años de cárcel «delitos de odio», muy usada contra opositores, «elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales».
Maduro de hecho pidió «mano de hierro y justicia severa» frente «a la violencia» y «delitos de odio», que atribuye a Machado y González Urrutia.
Ya en el pasado pidió cárcel para ambos, que pasaron a la clandestinidad.
La «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares» en tanto fue aprobada también en primera discusión y castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan «apología al fascismo».
EFE Y AFP