En las últimas dos décadas, la minería ilegal ha crecido significativamente en Perú, especialmente en la extracción de oro. Este problema ha afectado principalmente a las provincias de Madre de
Dios, Puno, La Libertad, Ica, Nasca, Arequipa y Ayacucho. La expansión de esta actividad comenzó a notarse a partir del año 2003, impulsada por el aumento de los precios internacionales del oro, lo que marcó un punto de inflexión de la minería en el país.
Hasta el año 2022, las cifras relacionadas con la minería ilegal eran alarmantes. Según la consultora Macroconsult, el oro exportado de manera ilegal en ese año alcanzó un valor de US$ 1,841 millones, lo que representaba el 18% de las exportaciones auríferas del país en ese mismo año.
Sin embargo, es importante mencionar que, junto con la minería ilegal, también ha crecido la artesanal y de pequeña escala que opera dentro de los marcos legales.
Para combatirla, el Estado Peruano creó en el año 2012 el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Este tenía como objetivo formalizar a los mineros artesanales y pequeños a nivel nacional.
Los mineros que se inscriben en el REINFO, tanto los que completan el proceso de formalización como los que no, están exentos de responsabilidad penal por minería ilegal.
A la fecha, solo el 20% de los 87,000 mineros inscritos ha completado este proceso. El considerable 80% restante ha dejado el procedimiento inconcluso lo que sugiere que mucha de la minería ilegal podría estar camuflada dentro del sistema de formalización.
FACTORES E IMPACTOS DE LA MINERÍA ILEGAL
El crecimiento de la minería ilegal en Perú puede explicarse por varios factores. En primer lugar, el alza sostenida de los precios internacionales de los metales ha hecho que esta actividad sea altamente rentable.
Además, la falta de oportunidades de empleo adecuado en zonas rurales y urbanas lleva a muchas personas a optar por la minería ilegal debido a los significativos ingresos que puede generar. A esto se suma la debilidad del Estado Peruano, cuya limitada capacidad para controlar y fiscalizar los territorios permite que la minería ilegal prospere con relativa impunidad.
La minería ilegal tiene múltiples impactos negativos en el país. En el ámbito ambiental, provoca la pérdida de biodiversidad y la deforestación, además de la contaminación de ríos y del aire, afectando tanto el ecosistema como la salud de las poblaciones locales.
En el plano social, esta actividad a menudo está asociada con el trabajo forzado e infantil. Económicamente, la minería ilegal evade impuestos, privando al Estado de ingresos cruciales que podrían ser utilizados para el desarrollo del país.
SOLUCIONES
Para abordar esta problemática, es fundamental que el Estado Peruano fortalezca su presencia en las zonas afectadas. Esto podría incluir el despliegue de una fuerza policial robusta y la implementación de leyes más estrictas contra la minería ilegal.
Además, es crucial que el Estado se involucre más en el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, ofreciendo guía, acompañamiento cercano y capacitaciones por expertos para que los mineros puedan completar su proceso de formalización con éxito.
El proceso de formalización también debe ser revisado y tener requerimientos más rigurosos para asegurar que no se oculte la minería ilegal dentro de la minería legal de pequeña escala.
Finalmente, el Estado debe promover la minería responsable a través de programas educativos y capacitaciones, fomentando prácticas que respeten tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.