Bogotá, Colombia – Desde el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela, manifestantes, observadores electorales, testigos de mesa, periodistas, activistas de Derechos Humanos y todo aquel que se muestre crítico en las redes sociales hacia el Gobierno de Nicolás Maduro es objetivo potencial de la represión. Al menos 1.400 detenidos en el marco de la crisis poselectoral están siendo llevados a cárceles de alta peligrosidad. Los opositores no protestan por miedo a represalias, muchos permanecen escondidos y otros huyeron del país.
“Me fueron a buscar unos tipos del Cupaz (Cuadrillas de paz, creadas por el oficialismo), encapuchados, con motos. Alcancé a ver que iban por mí y decidí huir, corriendo entre las casas vecinas. Fueron días de zozobra, escondiéndome. Al final tuve que dejar el país. Mi delito fue salir a protestar y cacerolear. Ese día en la manifestación recibí cuatro disparos de cartuchos de goma por parte de la Guardia Nacional”.
Este es el relato de uno de los cientos de manifestantes del 29 de julio que salieron a las calles para reclamar el resultado de las elecciones en Venezuela. Prefirió salir de su país antes de ser encarcelado o de tener que vivir en la clandestinidad.
Este joven de 20 años que trabajaba de jardinero y que logró huir corrió con suerte. Otros que están siendo perseguidos y que siguen en Venezuela, como algunos observadores de mesa de la oposición no acreditados por el Consejo Nacional Electoral, han tenido que reubicarse.
“Hemos cambiado nuestro lugar de residencia. Los que pueden salieron del país, quienes no, hemos cambiado de ciudad o por lo menos de barrio. Desde el 28 de julio hemos recibido amenazas verbales a nuestros observadores por parte de miembros del Plan República y en algunos casos de colectivos”, señala a France 24 una observadora de una organización juvenil que pidió proteger su identidad.
Las amenazas provienen, según esta fuente, porque fueron testigos de cómo se impedía el escrutinio en algunos barrios, y también vieron cómo las máquinas dejaron de funcionar por varias horas en diversos puestos de votación.
El 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro ganador de las presidenciales, pero la oposición, representada en Edmundo González, acusó de fraudulento el proceso y días después mostró unos resultados que, según la Mesa de Unidad Democrática, le daban la victoria al ungido por la lideresa opositora María Corina Machado.
Desde entonces, el mundo y la región se han dividido tras los controvertidos comicios mientras en Venezuela el clima de miedo se extiende tras las demostraciones contra el oficialismo, que tres semanas después han sido casi anuladas.
Este constante temor ha llegado especialmente a los testigos de mesa, que denuncian estar siendo perseguidos. Una de ellas contó que no duerme de la ansiedad y por el temor de que lleguen a la puerta de su casa por haber tomado fotos a las actas que la líder opositora María Corina Machado subió a un sitio web. Según sus planes, en pocos días migrará.
“Me quiero ir, no se puede vivir así. Tengo miedo. No puedes levantar tu voz. No se te permite estar inconforme”, alega pidiendo el anonimato.
La coacción como arma de presión
Desde el 30 de julio, el Gobierno de Nicolás Maduro adelanta el operativo denominado ‘Tun Tun’ que comprende ir a las casas de los perfilados por las autoridades, tocar la puerta y arrestar a las personas vinculadas a las protestas del 29 de julio o que participaron como observadores o testigo de mesa.
En los últimos días se han agregado a la lista periodistas, activistas de Derechos Humanos y políticos.
Este dispositivo está amparado bajo la Ley del Odio promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017.
En la operación ‘Tun Tun’ participan las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) que según InSight Crime controlan la actividad de las bandas criminales y coordinan a los colectivos armados en nueve regiones diferentes del país. También organismos de seguridad del Estado como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Quienes actúan en los operativos llevan el rostro cubierto, no portan ningún tipo de identificación y usan armas largas. Entran a las viviendas sin órdenes de allanamiento y arrestan sin orden judicial, según señalan los testigos.
Como pruebas, varias personas subieron videos o transmitieron en vivo sus detenciones o las visitas irregulares de autoridades a sus casas, a través de las redes.
Algunas Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos han identificado otro tipo de amenazas además de la operación ‘Tun Tun’. Entre ellas, que se crean imágenes de “Se busca” en la que exhiben la cara de los testigos y observadores electorales junto a frases como “instigación al odio” o “terrorismo” y se difunden por grupos de Telegram. La idea es exponer sus identidades para lograr sus capturas.
1.406 detenciones se habían hecho hasta el 15 de agosto, según la ONG Foro Penal. Y muchos de ellos han sido trasladados a cárceles de alta peligrosidad.
Como Aníbal*, hijo de José*. Ambos nombres ficticios porque no pueden ser identificados por seguridad. El joven salió en medio de una manifestación y cuando vio la presencia de los colectivos se escondió, pero su familia no tuvo más información de él hasta el día siguiente, cuando su esposa recibió una llamada donde le confirmaron que estaba detenido.
Ahora Aníbal se encuentra en la Cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, en el oeste de Caracas, y no le aceptaron defensa privada, solo pública.
“Le dijeron ‘acepta y rebajamos tu condena’”. Fue la única opción que le dieron para defenderse, comenta su padre.
Otro joven del mismo barrio de Aníbal trabajaba en un supermercado. Cuando comenzaron las protestas, el dueño cerró el local y lo sacó junto al resto de empleados. Este muchacho quedó en el medio de la manifestación y la Guardia lo detuvo al descubrir en el teléfono memes de Nicolás Maduro. Se lo llevaron de inmediato detenido a una prisión preventiva, denuncia su familia.
Sus parientes sostienen que lo golpearon y que ha tenido que dormir varios días de pie porque el piso de la celda está lleno de excremento.
Arbitrariedad para unos, vandalismo para otros
Gonzalo Himiob, abogado, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, indica que “estas detenciones son arbitrarias, no tienen sustento jurídico y dependen de una intencionalidad política”.
“Las primeras fueron masivas, pero ahora están siendo selectivas y además se les violan los derechos a los detenidos, sobre todo al justo proceso”, añade.
Asimismo, Himiob destaca que toda esta ola de detenciones “son para intimidar, y neutralizar cualquier queja a través del miedo. Hay un sesgo intimidatorio brutal”, sostiene.
Por su parte, Basem Tajeldine, analista e investigador justifica las detenciones diciendo que los detenidos “son algunos vándalos organizados por los famosos ‘Comanditos’ de la extrema derecha venezolana que han cometido crímenes, de lesa humanidad, asesinando a chavistas, por ser chavistas”.
“Eso no podemos permitirlo en un país racional democrático. No se puede permitir crímenes de odio del bando que sea, eso es inconcebible”, acota.
A su juicio, “esto es parte de la desinformación y propaganda negativa en contra del Gobierno por parte de la oposición que pretende, a través de los medios internacionales, hacer creer a la comunidad internacional que existe un caos en el país, que hay una dictadura, que se están llevando prisión a la gente”.
La realidad es que decenas de quienes han protestado hoy están tras los barrotes. Con la aplicación de la ‘Ley del odio’ se abrió una ventana para castigar a quienes levanten su voz en contra del Gobierno ya sea en protestas o por hacer comentarios públicos o en redes sociales. En el contexto actual esta norma ha sido un arma, según las Organizaciones de Derechos Humanos, para violar la libertad de expresión y aumentar la represión política y garantizar que no haya manifestaciones, ni siquiera de forma pacífica.