En la playa de Botafogo, unos de los lugares más turísticos de Río de Janeiro con vistas privilegiadas al Pan de Azúcar, puede verse estos días una escena poco común: tanques de guerra y soldados uniformados circulan entre los automóviles y peatones. Todo por la cumbre de jefes de Estado del G20, programada para el 18 y 19 de noviembre.
Para acoger la cumbre del G20, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha diseñado un meticuloso esquema de seguridad con la participación de policías estatales y federales y tropas de las Fuerzas Armadas.
Al igual que en 2016, durante los Juegos Olímpicos, fue necesaria la aprobación de un decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que en este caso tiene una validez de ocho días. Esto permite que al menos 7.500 soldados del Ejército estén en las calles por donde circularán los representantes de 40 países y 15 organizaciones internacionales.
En este macrodispositivo de seguridad participan integrantes de la Policía Federal de Carreteras, la Aeronáutica y la Marina.
Además, la Policía Militar empleará a más de 700 agentes para formar un cinturón alrededor del área del evento y en las vías rápidas de Río de Janeiro. También mantendrá vehículos en al menos 23 hoteles que recibirán a las autoridades internacionales.
Un clima de guerra
Este despliegue debería ayudar a prevenir sustos o sorpresas en una urbe que desde hace meses vive un clima de guerra abierta entre narcos, Policía y milicias, los grupos criminales formados por exagentes y exmilitares que en la época de Jair Bolsonaro llegaron a dominar el 60% de la ciudad.
El pasado 24 de octubre, los cariocas amanecieron con una escena aterradora en todos los canales de televisión: la Avenida Brasil, la principal arteria que conecta el centro de Río con el aeropuerto internacional, tuvo que ser cerrada al tráfico por un intenso tiroteo que causó tres muertos y tres heridos.
La imagen de decenas de automovilistas escondidos detrás de los automóviles en medio de tiros de fusil entre narcos y agentes de seguridad dio la vuelta al mundo.
Fue el trágico resultado del enésimo operativo policial llevado a cabo en una de las favelas que rodean esta carretera.
“Nuestras tropas enfrentaron una fuerte resistencia de los criminales y dificultades para avanzar sobre el terreno debido a las zanjas que cavaban. Fuimos informados de que los delincuentes, en un intento de escapar, comenzaron a disparar y por eso fue necesario interrumpir el flujo de la Avenida Brasil”, explicó la teniente coronel Cláudia Moraes, portavoz de la Policía Militar.
Tiroteos: el día a día en Río de Janeiro
No ha sido la única escena bélica que ha alterado la rutina de los cariocas. Tan solo una semana antes, nueve autobuses fueron secuestrados por delincuentes y utilizados como barricadas durante otro operativo de la Policía en favelas de la región occidental de la ciudad, dominada por las milicias.
“Es el tipo de estrategia que utilizan los delincuentes para desviar la atención de la Policía Militar del punto donde estamos actuando, tratando de crear esta cortina de humo, trayendo desorden y caos a personas inocentes”, explicó la portavoz de la Policía Militar.
No es la primera vez que esto acontece en la llamada ‘Ciudad Maravillosa’. Solo en el último año, más de 130 vehículos fueron utilizados como barricadas en las favelas de Río de Janeiro. Desde agosto de 2023, fueron quemados al menos 29 autobuses.
Los tiroteos mortales se han convertido en el pan de cada día, incluso para los habitantes de áreas residenciales como la Barra de Tijuca, donde reside el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando no está en Brasilia.
El 12 de noviembre, un hombre murió tras ser baleado en la playa de este barrio. No muy lejos de allí, cuatro médicos ortopédicos fueron acribillados a tiros en octubre del año pasado, cuando estaban reunidos en un quiosco. Tres fallecieron en el acto. En su momento, la Policía trabajó con la pista de que fueron asesinados por error, tras ser confundidos con un grupo de milicianos.
Curiosamente, los datos oficiales no reflejan esta realidad que atormenta a decenas de millares de cariocas.
Según datos del Atlas de la Violencia del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea), publicados en junio de este año en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Río de Janeiro cayó un 26% en 11 años, entre 2012 y 2022.
Aun así, los niveles de violencia siguen siendo atemorizantes. El año pasado, Río de Janeiro registró 3.388 muertes violentas, un promedio de nueve por día, superando a São Paulo, que tiene casi el triple de población. Son datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública y del Centro de Estudios sobre Violencia de la Universidad de São Paulo.
“En Río de Janeiro se usan a diario armas de guerra, como fusiles. Esta es una demostración de que la situación está cada vez más fuera de control», asegura Rafael Alcadipani, experto en seguridad pública y profesor en la Fundación Getúlio Vargas.
«Y las fronteras también están fuera de control en la medida en que este tipo de armamento de guerra pasa a ser parte del arsenal utilizado por personas que actúan fuera de la ley”, añade.
Otros especialistas ya hablan de la mexicanización de la sociedad brasileña.
Una apuesta por centralizar la seguridad
Para intentar remediar este escenario, el 31 de octubre el Gobierno liderado por Lula presentó a los gobernadores una propuesta que amplía el papel federal en las acciones de seguridad pública, con foco en la lucha contra el crimen organizado.
Elaborado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, es una propuesta de enmienda a la Constitución, es decir, será necesario conseguir una mayoría calificada para realizar cambios en la carta magna que permitan al Gobierno central un mayor poder de coordinación sobre las políticas de seguridad.
Entre las principales medidas avanzadas, destacan la integración de los distintos cuerpos policiales, el fortalecimiento del Sistema Único de Seguridad Pública y el establecimiento de políticas unificadas, mediante la estandarización de protocolos, información y datos estadísticos.
Además, el Ejecutivo propone crear una nueva fuerza de seguridad con más poderes a partir de la Policía Federal de Carreteras. Uno de sus principales cometidos sería evitar que el armamento pesado llegue a las favelas.
El reciente asesinato de un colaborador de la Policía en el aeropuerto de São Paulo, abatido a tiros de fusil supuestamente por miembros de la principal facción de narcos de la ciudad (PCC) ha agudizado la presión de Lula sobre los congresistas para que esta propuesta avance en la Cámara.
Cuestionamientos a los operativos
Paralelamente, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, está aprovechando la coyuntura para intentar derogar una decisión adoptada durante la pandemia de Covid-19 por la Corte Suprema de Brasil que impedía operaciones policiales dentro de las favelas y las periferias de las grandes ciudades, en un intento de reducir la letalidad.
La propuesta está siendo redactada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de derecha. Castro ha sido acusado por los defensores de los Derechos Humanos de ser el responsable de tres de las cinco masacres policiales más letales de la historia de Río de Janeiro. La prensa brasileña calcula que solo en su primer año al frente del estado de Río de Janeiro, se registraron 40 matanzas a manos de los agentes, con 182 víctimas mortales.
Es la eterna diatriba entre mano dura y defensa de las poblaciones periféricas, que cíclicamente es discutida a nivel local y nacional en todo Brasil.
Durante los próximos días, una parte de la ciudad apodada como ‘Hell de Janeiro’ (‘Infierno de Janeiro’) en las redes sociales vivirá el espejismo de una calma tensa.
Pero, probablemente, el 20 de noviembre todo volverá a la normalidad y los noticieros se volverán a llenar de sucesos cruentos ante los que muchas personas ya ni pestañean. Para algunos es una inadmisible normalización de la violencia. Para otros, la única forma de sobrevivir en estas circunstancias tan adversas.