El presidente del país, Daniel Ortega, envió una reforma constitucional a la Asamblea Nacional para cambiar la figura presidencial y expandir su autoridad por las tres divisiones de Gobierno. Además, esta otorgaría a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, la condición de «copresidenta».
Nueva reforma constitucional en Nicaragua. La Asamblea Nacional del país centroamericano divulgó este 20 de noviembre la propuesta de reforma a la Carta Magna nicaragüense enviada por Ortega, quien acumularía aún más poder en el orbe presidencial junto a su esposa, Rosario Murillo, a quien busca convertir en «copresidenta» del país.
La enmienda, llamada oficialmente «Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas», tiene como objetivo modificar más de 100 artículos constitucionales, lo que haría que la Presidencia se convierta en la «coordinadora» de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la autoridad electoral y del Ejército.
Esta concentración de poder en la oficina presidencial de Managua no solo se piensa para que recaiga exclusivamente en Ortega. La reforma constitucional también tiene en la mira incluir la figura de la «copresidenta», que compartirá el poder con el ahora presidente, quienes gobernarían Nicaragua por periodos de seis años, con opción a reelección indefinida.
Ortega, de 79 años y que lleva cuatro mandatos presidenciales consecutivos, ha propuesto reformar la Constitución 12 veces desde que entró al poder en 2007, incluida la más polémica, en 2014, cuando logró incluir la reelección presidencial indefinida en la Carta Magna. En 2023, el controversial mandatario ya avisaba sobre sus intenciones de proponer otra reforma constitucional.
«Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. En verdad, así es: ¡Es copresidenta de la República! En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas», dijo Ortega el 9 de febrero de 2023, en una rara aparición en público con Murillo, que se ha convertido en el rostro del Gobierno sandinista en los últimos meses.
Control de medios de comunicación, nuevos símbolos patrios y más militarización
Además de la partición de la Presidencia entre la pareja Ortega-Murillo y la expansión de sus facultades de gobernanza, la reforma propuesta por el mandatario también incluye otros polémicos apartados legislativos que agudizan la crisis política que atraviesa Nicaragua.
Por un lado, la enmienda propone que el Estado expanda su control sobre los medios de comunicación locales, con el objetivo de «evitar que sean sometidos a intereses extranjeros». Además, la reforma busca limitar la libertad de expresión a cuando esta «no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución».
Nicaragua ya cuenta con una legislación sobre «crimen cibernético», en donde el Gobierno sandinista tiene la facultad de encarcelar por hasta cuatro años a cualquiera que difunda «noticias falsas» a través de redes sociales o medios de comunicación tradicionales.
La propuesta enviada por Ortega también tiene el objetivo de convertir la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), movimiento revolucionario devenido a partido político desde los años 80, en un símbolo patrio nicaragüense.
Otra de las medidas controversiales que permitiría la nueva legislación es que la Presidencia, cuando lo vea necesario, estaría facultada a ordenar el despliegue del Ejército «en apoyo» de la Policía Nacional. La reforma también permite a oficiales militares o policiacos tomar cargos ejecutivos temporalmente cuando «el interés supremo de la nación lo exija».
Se espera que la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, apruebe la propuesta de Ortega en la brevedad. El presidente del organismo, Gustavo Porras, avisó que la reforma podría ser aprobada tan pronto como el próximo 22 de noviembre.
Con EFE y Reuters